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Boletín de prensa 3 de febrero de 2011
EL TIEMPO
GOBIERNO PREPARA AMBICIOSA AGENDA LEGISLATIVA PARA EL PRIMER SEMESTRE
El lunes inician sesiones extras. Ya están listos proyectos que llegarán al Congreso el mes próximo.
Proyectos en materia de Justicia, ajustes a la Reforma Política y estatuto de la oposición, hacen parte de la agenda que el Gobierno prepara para llevar al Congreso a partir de marzo próximo, cuando el ente retoma las sesiones ordinarias de la legislatura, la cual se extenderá hasta el 20 de junio.
"Serán presentados en el mes de marzo, en materia de Justicia, el caso del Código General del Proceso y del Estatuto Arbitral; la reforma constitucional a la Justicia será presentada también, si no en el mes de marzo, al inicio del próximo periodo de sesiones ordinarias", dijo el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras.
No serán estos los únicos proyectos que se pondrán a consideración del Legislativo. Iniciativas como los nuevos regímenes departamentales y municipales, el estatuto de San Andrés, ley estatutaria de Reforma Política, estatuto de oposición, ley de la mujer, ley de comunidades negras, ley de discapacidad, ley de consultas previas, ley contra la piratería en Internet y estatuto de desastres y bomberos, serán también radicadas.
El ministro explicó que el Gobierno "insistirá en estas reformas a fin de que no sea por falta de normas ni por deficiencias en las normas existentes, que el país encuentre obstáculos para lograr la prosperidad".
Estas iniciativas se sumarán a otro paquete normativo cuyo estudio en el Legislativo se iniciará el próximo lunes en el marco de las sesiones extras convocadas por el presidente Juan Manuel Santos.
La agenda propuesta por el Gobierno es bastante ambiciosa, pues incluye el estudio de iniciativas como la ley de víctimas, la ley de seguridad ciudadana, democratización de clubes deportivos, Plan de Desarrollo y escisión de ministerios.
LOS DEL M19 NO PUEDEN RESPONDER POR MUERTES DE LA RETOMA DEL PALACIO
La defensa de los guerrilleros que murieron en este hecho presentó los alegatos finales del proceso.
El abogado Nelson Rojas Molina, defensor de los guerrilleros que murieron en la toma, sostuvo que ellos nunca planearon cometer asesinatos en la acción armada.
"Ellos pretendían presionar al Gobierno y retener a los magistrados y ni siquieran lograron ese secuestro", precisó el abogado.
Agregó que los guerrilleros no hacían parte de la cúpula del grupo guerrillero y solo cumplian órdenes.
Terminada la audiencia a la que no asistió la parte civil, quedó en manos de la juez la decisión sobre el caso.
El procurador Alejandro Ordóñez había pedido la condena de los guerrilleros del M19 que participaron de la toma y dijo que esta solicitud no era un capricho. Agregó que la petición era "en defensa de las víctimas".
Ordóñez aseguró que "no es un capricho" la petición que hizo uno de sus delegados de que se condene a ocho miembros del M-19 por la muerte de dos vigilantes y el administrador del edificio del Palacio de Justicia hace 25 años, durante la toma que ejecutó el grupo guerrillero.
Enaudiencia pública ante el Juez Segundo Penal Especializado de Bogotá, el representante de la Procuraduría solicitó la condena para Alfonso Humberto Jacquim Gutiérrez, Amalia Sossa Sierra, Guillermo Elvencio Ruiz Gómez, Irma Franco Pineda (desaparecida), Israel Santamaría Rendón, Luis Francisco Otero Cifuentes, Rafael Arteaga Giraldo y Remberto Artunduaga Palomares.
La petición, dijo Ordóñez a EL TIEMPO.COM, "es tardía pero debe darse en defensa de las víctimas, la sociedad y la institucionalidad".
Al hacer un recuento del caso, el Procurador sostuvo que "existe certeza de la responsabilidad de estas personas" y aunque el hecho ocurrió en 1985 ha sido declarado de lesa humanidad, y la mayoría de los ocho juzgados o murieron en la toma o se desconoce su paradero, "no se podía actuar diferente pues se estaba frente a una decisión del Tribunal Superior de Bogotá".
El Tribunal superior de Bogotá fue el que revocó en septiembre pasado la decisión del Juzgado Segundo Penal que había declarado prescrita la acción penal frente a los delitos de homicidio y tentativa de homicidio contra los ocho guerrilleros del M-19.
El caso fue impugnado por la Fiscalía, la Procuraduría y representantes de las víctimas al considerar que, por ser un crimen de lesa humanidad, se debe respetar la imprescriptibilidad del proceso. La decisión del Tribunal permitió la continuidad del proceso
A juicio de Ordóñez, la misma decisión debería operar para la cúpula del M-19 que estuvo involucrada en el diseño de la toma, "eso lo contempla el Estatuto de Roma".agregó Ordóñez.
LOS DOS EN LOS 100 AÑOS DE EL TIEMPO
Héctor Pineda*
La edición del centenario de el tiempo lleva a recordar dos sucesos de la vida nacional: la paz con el M-19 y la constituyente.
El diario EL TIEMPO, el fin de semana, cumplió 100 años. El domingo llegó embutido en una bolsa plástica, ilustrada con la reproducción fotográfica del ejemplar con fecha lunes 30 de enero de 1911 (valor de tres centavos) y, superpuesta, otra foto del ejemplar con el más reciente rediseño, con el que EL TIEMPO sigue llegando ($ 3.200, su valor). Abajo, en "pie de bolsa", la promesa de seguir escribiendo la historia y, en su contenido ("Edición de Aniversario"), las secciones llegaron pletóricas de recordaciones sobre las noticias, los personajes y los hechos relevantes de todo un siglo contando las cosas que pasan.
Sumergido en las letras con las que se describen algunos de los sucesos de un mundo remoto (antes de que este cuerpo saliera del universo líquido del vientre materno) y en los daguerrotipos en los que quedaron atrapados, como "testimonio eternizado", muchos de los instantes de historias que sacudieron el alma colombiana y algunos que no se terminan de relatar. En la lectura de las letras copiosas, en mi caso, identifiqué dos sucesos en los 100 años de EL TIEMPO que merecieron hacer parte de la edición de aniversario, los cuales, sin remedio, abrieron el baúl de los recuerdos: la firma de la paz con el M-19 y la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ambos, en mi sentir, caras de una misma moneda.
La paz, en lo que me consta, fue tema recurrente en el M-19. "Acortar los tiempos de la guerra para ampliar los tiempos de la paz", repetían una y otra vez. Después de los hechos del Palacio de Justicia, de la masacre de Tacueyó y de los nuevos vientos internacionales (caída del Muro de Berlín, Contadora en Centroamérica, etc.), entre otros sucesos, no dejaron camino distinto que el del fin de la guerra. Así lo entendió Carlos Pizarro y, después del intento fallido de tratar de convencer a las Farc del "adiós a las armas", aferrado al lema "entre todos cambiaremos la historia de Colombia, palabra que sí", llevó al M-19 a la firma de la paz. Me correspondió, con 12 combatientes más, fungir de vocero del proceso. Sin más armas que el argumento y la palabra, en medio de dificultades, hablamos aquí y allá, a lo largo y ancho de nuestra geografía, con las fuerzas vivas de la nación.
Estando en los "trotes" de convencer a la opinión de nuestra decisión de paz, se atravesó la campaña electoral de "mitaca" (elección de alcaldes y concejales). No teníamos candidatos y nos pareció inconveniente interferir el proceso electoral sin concluir la firma de la paz y la dejación de armas. Por eso, sin dudarlo, decidimos invitar a votar por la "séptima papeleta", mediante la cual se convocaba a la realización de la Asamblea Nacional Constituyente.
Posteriormente, fuimos elegidos como "delegatarios" en la lista del M-19 (19 Constituyentes) y participamos, sin bajar el entusiasmo, para proponer (de consenso) las nuevas referencias y reconocimientos del ordenamiento territorial: autonomía, provincias, región, territorios indígenas, distritos, fueron incorporados al texto de la Carta Política. A otros temas, por supuesto, también nos correspondió "meterle muela", hasta donde recuerdo, como el de la enseñanza y prácticas de los mecanismos de la democracia participativa en el ámbito escolar, asuntos del derecho al ambiente sano, régimen de inhabilidades, la paz con los 'epelos', 'quintines' y 'perretés'.
Recuerdo que han podido ser tres sucesos. Sin embargo, por el azar y las consideraciones de Álvaro Fayad para no permitir que hiciera parte del grupo que ingresó al Palacio de Justicia, estoy vivo y así puedo contar el cuento, en el siglo de vida de EL TIEMPO.
EL ESPECTADOR
IVÁN DÍAZ MATEUS SEGUIRÁ EN PRISIÓN POR YIDISPOLÍTICA
Corte Constitucional negó la nulidad contra la tutela que dejó en firme su condena.
La Corte Constitucional se abstuvo de revocar el sentido la sentencia de tutela a través de la cual dejó en firme la sentencia a prisión en contra del exrepresentante a la Cámara Iván Díaz Mateus por ‘yidispolítica’.
En febrero de 2010 una Sala de Revisión revocó la acción de tutela a través de la cual el dirigente había recuperado su libertad, por orden de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
La Sala había ordenado rehacer la investigación en contra de Mateus por considerar que la Corte Suprema carecía de competencia en el caso, al concluir que el indiciado no gozaba de la investidura parlamentaria en el momento de comisión de los hechos.
La Corte Constitucional rechazó los argumentos de la Judicatura para amparar el derecho fundamental al debido proceso al exlegislador y señaló que seguía siendo la Corte Suprema la competente en el caso, porque el dirigente, pese a estar en licencia en ese momento, seguía manteniendo su fuero constitucional.Su defensa había solicitado que se decretara la nulidad de la revisión de la tutela, pero la corporación mantuvo su postura, lo que deja en firme la sentencia.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a seis años de cárcel a Díaz Mateus, al comprobarse su coparticipación en el apoyo irregular que recibió el proyecto de la reelección presidencial en el Congreso, luego de que él se ausentara de su curul para dar paso a su entonces suplente Yidis Medina.
La exparlamentaria también había sido condenada por cohecho, luego de aceptar el recibimiento de prebendas a cambio de respaldar, con su voto, la iniciativa.
CARACOL RADIO
En firme la condena contra Iván Díaz Mateus por 'yidispolítica'
No prosperó en la Corte Constitucional la acción de tutela que instauró el ex congresista Iván Díaz Mateus, para tumbar la condena que le impusieron por el escándalo de la "yidispolítica".
La Corte Constitucional le negó el último recurso que tenía el ex congresista, por el que pretendía tumbar la sentencia de seis años de cárcel emitida por la Corte Suprema por el delito de concusión.
Es de señalar que esto se trata de la negativa de Corte a la nulidad de la tutela que la misma Corte denegó.
Ante esta situación, Díaz Mateus deberá pagar la totalidad de la pena en la cárcel La Picota de Bogotá donde se encuentra recluido en estos momentos.
CMI
COLOMBIA ES EL PRIMER PAÍS EN FIRMAR EL PROTOCOLO DE NAGOYA SOBRE BIODIVERSIDAD
Colombia se convirtió hoy en el primer país en firmar el Protocolo de Nagoya sobre biodiversidad, que crea por primera vez un marco legal para garantizar el uso y distribución equitativa de la explotación de los recursos genéticos.
La asesora presidencial sobre asuntos ambientales, Sandra Bessudo, fue la encargada de suscribir el documento en un acto en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.
Bessudo dijo que con este acto el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos quiere enviar "una señal política" a la comunidad internacional sobre la importancia de aprovechar de manera responsable la biodiversidad del planeta, del que Colombia es uno de los mayores exponentes.
"Es una invitación a los demás países para que vengan, firmen y ratifiquen lo antes posible este protocolo, que es fundamental para la seguridad y todo lo relacionado con la bioprospección y los recursos genéticos", indicó la asesora presidencial.
El tratado suscrito hoy por Colombia fue adoptado el pasado octubre en la cumbre de la ONU sobre la biodiversidad que se celebró en la ciudad japonesa de Nagoya y en la que también se alcanzaron nuevas metas para proteger los ecosistemas hasta 2020.
Según explicó Bessudo, el protocolo ofrece por primera vez un marco regulador global con relación al aprovechamiento de los recursos genéticos por parte de industrias como la medicina, la cosmética o la biotecnología, entre otras.
En países de alta biodiversidad como Colombia, las nuevas regulaciones garantizarán que los beneficios que generan esos recursos y los conocimientos ancestrales de que a menudo se sirven los investigadores para descubrirlos redunden en beneficios de las comunidades en donde se encuentran.
También permitirá combatir con mayor eficacia la biopiratería y la explotación de los pueblos indígenas, que generalmente no se benefician de los descubrimientos que se hacen en sus territorios, indicó Bessudo.
A juicio del Gobierno colombiano, el nuevo tratado permitirá que los países en desarrollo pueden beneficiarse de una manera equitativa de los recursos que produce su biodiversidad y evitar expoliaciones como han sufrido en el pasado.
Tras Colombia, se espera que hoy mismo otros países como Brasil y Yemen también suscriban el protocolo e inicien los pasos para que sea ratificado en sus respectivos parlamentos.
Se necesita la participación en el tratado de al menos 50 países para que pueda entrar en vigor.
REVISTA SEMANA
LOS PUNTOS CONTROVERSIALES DE LA LEY DE VÍCTIMASPOR CÉSAR PAREDES, PERIODISTA DE SEMANA.COM
Según cifras oficiales en Colombia el número de desplazados supera los 3 millones de personas, y en el proceso de Justicia y Paz la Fiscalía ha atendido entre 2006-2010 a 113 mil víctimas.
La fecha de la reparación, el costo fiscal, entre otras, serán los temas de discusión. Los ponentes del proyecto en el Senado se reunirán hoy para avanzar en su concertación.
Miércoles 2 Febrero 2011La ley de víctimas, que incluyó un capítulo de restitución de tierras y busca convertirse en una política pública de reparación administrativa, es considerada como una de las prioridades del Gobierno y de su bancada legislativa.
Este jueves, los ponentes de la norma abordarán varios temas que han sido motivo de controversia en su discusión. Entre ellos están: la fecha a partir de la cual se considera que una persona ha sido víctima del conflicto armado, el monto de la reparación, la institucionalidad para la aplicación de la norma, y otros. El objetivo de la reunión es que los representantes de cada partido lleguen a un consenso para que el tránsito de la norma sea más expedito en el Senado.
El problema de la fecha
Uno de los temas que abordarán Luis Carlos Avellaneda, del Polo; Roy Barreras, de La U; Juan Fernando Cristo, del Partido Liberal, Hernán Andrade, del Partido Conservador, entre otros, será el de la fecha a partir de la cual una persona se puede considerar víctima.
El texto que salió aprobado en la Cámara consideró como víctimas a las personas que han sufrido una vulneración de sus derechos por causa del conflicto, a partir de 1993. Los ponentes de la Cámara indicaron que en esa fecha el Estado reconoció la existencia de una confrontación armada con la creación de la primera Ley de Orden Público.
Sin embargo, el establecimiento de esa fecha causó controversia, pues muchas personas fueron víctimas en la década de los ochenta. En ese período ocurrió la toma del Palacio de Justicia; fueron asesinados y desaparecidos integrantes de la UP; la guerrilla y los paramilitares atacaron poblaciones; se presentaron masacres y varios desplazamientos, entre otras violaciones a los derechos humanos.
A propósito, el senador Juan Fernando Cristo dijo “reabriremos la discusión sobre la fecha a partir de la cual se debe comenzar a reparar a las víctimas”. Según indicó, en la reunión de los ponentes del miércoles de la semana pasada hubo un consenso en que la fecha debía modificarse. Sin embargo, también dijo que “hasta ahora no hemos acordado ninguna fecha para poder llegar a un consenso”.
La Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, dirigida por el economista Luis Jorge Garay, elaboró un documento en el que argumenta por qué la reparación debe incluir a las víctimas que lo fueron en la década de los ochenta. Vea el documento aquí:
En primer lugar, la Comisión menciona que en materia de desplazamiento forzado el Estado comenzó su registro oficial a partir de 1995, pero que organizaciones como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento tiene registros desde 1985.
Después recuerda que la Corte Constitucional en varias de sus sentencias ha “indicado la necesidad de superar el subregistro de población desplazada”, es decir, ampliar la base de datos con la que se cuenta. En criterio de la comisión, entre la década de los ochenta y 1999 no había garantías para el acceso al registro. También cita un informe que hizo la Conferencia Episcopal que señala que en 1985 había cerca de medio millón de personas desplazadas.
Además, la Comisión hizo una encuesta junto con a Universidad Nacional, con más de 10 mil familias desplazadas, que reveló que entre 1980 y 1993 fueron abandonadas o despojadas 374.012 hectáreas de tierra por causa del conflicto. Esa cifra equivale al 5,6 por ciento del total de tierras despojadas a los campesinos, según los datos arrojados por la misma encuesta, entre 1980 y julio de 2010.
Pero como si fuera poco, la Comisión hizo un listado de 37 masacres ocurridas entre 1982 y 1992, y de varias decisiones del Estado en las que se reconoce como “actor y parte” de un conflicto armado. Esos datos, en criterio de Garay y su equipo “permiten concluir que es necesario ampliar la barrera de acceso que representa para las víctimas, el ser beneficiadas de las medidas contempladas en la futura ley”.
El problema de la plata
En junio de 2009, un proyecto de ley que también tenía el propósito de reparar a las víctimas se hundió en el Congreso ante la presión del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Desde el principio, esa administración argumentó que el proyecto no era viable por el costo fiscal que podría traer.
Ese argumento, de nuevo, ha sido invocado. Y a pesar de que el senador Cristo aduce que hay consenso para la aprobación del proyecto debido al aval del Ministerio de Hacienda, hay quienes piensan que el tema fiscal no está del todo superado.
Ese es el caso del senador de La U Roy Barreras, quien ha dicho que el Congreso no debe aprobar una norma promesera, pero inaplicable. En su criterio, el horizonte fiscal de la aplicación de la ley no está claro. El ponente de La U adujo que “la reconstrucción del país a causa de la emergencia invernal va a costar entre 10 y 20 billones de pesos”. Además, “se ha dicho que la reparación de las víctimas puede costar entre 25 y 40 billones de pesos”.
Para Cristo, esos argumentos “provienen de quienes no les gusta la ley, porque eso está avalado por el Gobierno que ha dicho que la ley es responsable fiscalmente”.
Por su parte Garay es consciente de que la indemnización de las víctimas no se puede garantizar en montos iguales al cien por ciento de las pérdidas de los afectados por la violencia, pues el monto fiscal sería exagerado. Sin embargo, ha sostenido que el Estado no puede atarse a una regla fiscal en materia de protección de derechos, pues eso podría tener costos sociales muy altos.
El investigador también ha señalado varios aspectos de la ley aprobada en Cámara, que a su juicio, son inconstitucionales. Entre ellos está la exclusión de conceptos como “el daño emergente”, “el lucro cesante” y “pérdida de bienes muebles”.
La Comisión ha señalado que para que la reparación sea integral, en el caso de los desplazados que perdieron no solo sus tierras sino también los recursos e infraestructura que hacían posible su actividad productiva, la ley debe reconocer que esas pérdidas existieron.
En respuesta, Miguel Samper Strouss, director de Justicia Transicional del Ministerio del Interior, argumentó que la Comisión estaba confundiendo conceptos de reparación judicial con los de reparación administrativa. Esta ley, según Samper, no tiene las pretensiones de una reparación judicial, en la que todos esos conceptos deben ser valorados por un juez.
No obstante, en una carta elaborada por Garay, él explicó que la reparación integral, independientemente de que sea administrativa o judicial, debe incluir esos conceptos a la luz de la jurisprudencia internacional, “que es vinculante”. Es decir, que los principios contenidos en los tratados internacionales hacen parte de la Constitución y, por este hecho, los estados que acogen esa normatividad, deben cumplirla. (Vea la carta de Garay aquí. )
Garay sugirió que para que el Estado pueda reparar integralmente a las víctimas, a pesar de que no tenga como hacerlo en el cien por ciento, los montos de las indemnizaciones deben ser proporcionales a las pérdidas, con criterios de distribución y equidad. Es decir, que si encuentra que hay poblaciones de víctimas con sus derechos más vulnerados que otras, debe atenderlas prioritariamente. También ha defendido la necesidad de que el Gobierno establezca una “tarificación” de acuerdo con la capacidad del Estado y con la valoración diferencial de los daños sufridos por las víctimas. De esta manera serían cobijadas todas las víctimas.
Otras observaciones
Según indicó el senador Cristo, otro de los temas a tratar en la próxima reunión será el de la capacidad institucional del Estado para aplicar la ley naciente. “Queremos ver qué fue lo que se aprobó en Cámara, porque da la sensación de que hay muchos comités y no hay responsabilidades directas sobre organismos del Estado”, dijo.
En ese sentido, el senador Barreras indicó que su partido insistirá en la creación de una unidad administrativa especial para el tratamiento de las víctimas. “Que tenga experticia técnica y conocimiento del tema”, dijo. También anotó que es necesario crear una nueva ley para la paz que brinde un nuevo marco normativo a futuras desmovilizaciones y así garantizar que no haya más víctimas.
El senador Barreras también dijo que abogará por la eliminación del capítulo dedicado a los desplazados, porque estos, en su criterio ya hacen parte del cuerpo del proyecto en calidad de víctimas.
“Esta es una ley de víctimas de la violencia, y hay muchos desplazados que lo son por razones económicas o de otro orden. También hay mucho falso desplazado con casa, carro y beca. Esos no deben estar incluidos en esta ley, sino ser atendidos por Acción Social u otras instituciones”, explicó.
No obstante, según la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, la población desplazada es sujeto especial de protección de constitucional y requiere de una atención prioritaria y específica. Por esta razón es muy probable que la propuesta de Barreras cause controversia y genere el rechazo de algunos sectores.
Otro de los aspectos señalados por Garay sobre los visos de inconstitucionalidad del texto de la norma aprobada es que en varios de sus artículos considera que medidas de asistencia y de ayuda humanitaria, y el cubrimiento de algunos servicios, son asimilados como reparación. Garay señala siete artículos que en su criterio requieren cambios en su redacción para que no se confunda “la oferta social específica para los desplazados y las medidas diferenciales para la reparación integral”. La preocupación es válida, pues el Estado tiene el deber de garantizar el acceso a educación, salud o vivienda de toda la población, pero eso no puede considerarse parte de la reparación integral y mucho menos descontarse de los montos indemnizatorios.